Gobierno evalua plantear cambios en el SEIA, Chile

Torre Titanium, Santiago de Chile (fuente: flickr/ alobos, creative commons)

Abraham Ormad 9 Sep 2014

Muy interesante la iniciativa que está poniendo en marcha el gobierno chileno al respecto de realizar una serie de cambios en la obtención de un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Destaca por encima de todas estas medidas que se está estudiando un elemento que podría ser clave en este aparatado y que es la despolitización del órgano y dejar este trabajo exclusivamente a los técnicos, que son los que realmente saben de la materia.

Adjuntamos esta información correspondiente al diario Pulso.

Todo gran proyecto en Chile debe ser autorizado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), cuya gestión se basa en la evaluación de proyectos ajustada a lo establecido en la norma vigente, fomentando y facilitando la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos, destaca el organismo en su página web.

No obstante, y luego de una serie de judicializaciones de proyectos y la implementación de un reglamento como el RSEIA mucho más estricto, el sistema ha estado en tela de juicio; no por sus objetivos, sino que frente a la serie de problemas que se han evidenciado en el desarrollo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Frente a esto, el gobierno prepara una comisión ad hoc para estudiar cambios al Servicio de Evaluación Ambiental y, eventualmente, introducir modificaciones al instrumento de gestión ambiental que administra.

La comisión -cuyos integrantes se mantienen en reserva- buscará cuatro objetivos: agilizar el sistema, objetivizar impactos ambientales, disminuir el tiempo implementado por cada servicio para pronunciarse en la tramitación y tal vez el más importante: resolver las solicitudes de pertinencia del SEIA, trámite utilizado cuando las empresas quieren introducir cambios a sus proyectos existentes y que han motivado conflictos como el de Bocamina II, Codelco con Ventanas y ENAP con su termoeléctrica en la Región de Valparaíso.

La principal crítica a las pertinencias en el sector privado pasa porque frente a cualquier modificación en un proyecto, la empresa debe realizar este tramite y pedir el pronunciamiento del gobierno.

“Modificar las pertinencias es clave ya que se debe entender que los proyectos siempre requieren modificaciones, son dinámicos y en muchos casos existen modificaciones mínimas que no jusitifican ingresar un nuevo proyecto. Además, se debe considerar que este procedimiento puede ser muy extenso. Otro elemento que se debe regular sí o sí son las compensaciones a las comunidades”, afirma Fernando Molina Matta, socio del estudio Cubillos Evans.

Un ejemplo claro de demora en la consulta de pertinencia es el proyecto termoeléctrico de ENAP en Concón, donde la solicitud fue ingresada en septiembre de 2013 y aún no es resuelta.

“El tema de las pertinencias debe contar con un marco conocido por todos, tener una regulación uniforme con sus efectos y consecuencias conocidas por todos. Además es importante que las pertinencias sean transparentes y se conozca cada paso al igual que la tramitación de proyectos en el sistema”, expresa la socia del estudio jurídico Eelaw, Paulina Riquelme.

Según un dictamen de Contraloría, las pertinencias no pueden cambiar la naturaleza del permiso ambiental del proyecto, y el SEA sólo debe expresar si corresponde o no el ingreso de una modificación a una iniciativa. Adicionalmente, el instructivo vigente sostiene que esta consulta sólo será válida si se realiza antes de ejecutar la mejora o la actualización, nunca después.

Despolitizar

Previo a la conformación de una comisión evaluadora, los expertos sostienen que un buen comienzo pasa por asegurar el componente técnico del SEA.

“Lo primero es la despolitización orgánica de la calificación ambiental, en el sentido de eliminar las instancias políticas de la calificación ambiental de proyectos. Las instancias políticas ya no se justifican dado el desarrollo de otros instrumentos de gestión ambiental”, sostiene el ex subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal.

Otro elemento que puede ser discutido se centra en la votación final de la tramitación, donde a nivel regional se define la luz verde al proyecto acogiendo o no el informe final del SEA denominado ICE.

“Si bien la Ley 20.417 estableció que el ICE (Informe Consolidado de Evaluación) es vinculante para la Comisión de Evaluación en aquellos aspectos normados, no es menos cierto que en muchísimos casos, los proyectos se juegan su aprobación en justamente aquellos aspectos no normados”, expresa Jorge García Nielsen, abogado Jefe Área Medio Ambiente en Araya y Cía.

Fuente: Pulso