Gobierno evalúa integración de comunidades en proyectos a través de la asociación, Chile

Directivos de la Comunidad Aymara Mauque-Puchuldiza visitando el cierre de faenas. Foto perteneciente al proyecto Puchuldiza de Mighty River Power Chile.

Abraham Ormad 15 Sep 2014

Hace unos días publicábamos un artículo de opinión muy interesante (enlace), realizado por Ignacio Holmberg Soto del ROAM de la Universidad Mayor, donde se describía la experiencia neozelandesa respecto a como se ha integrado la geotermia en las comunidades del país y que papel han jugado estas dentro del desarrollo de un proyecto geotérmico.

A este respecto nos queremos hacer eco de un artículo perteneciente al Diario Pulso donde se plantea la posibilidad que está barajando el gobierno de Chile respecto a cómo se podrían integrar las comunidades en el desarrollo de un proyecto eléctrico a través de distintas fórmulas como, entregar un porcentaje de las utilidades generadas por las centrales eléctricas, de las ventas, o un royalty por cada MW generado.

La elaboración del proyecto de ley de asociatividad que prepara el Ministerio de Energía, y que instala un concepto que reemplaza la idea de las compensaciones comunitarias, ya está entrando en tierra derecha.

Una señal de ello es que el proyecto ya tiene fecha para entrar al Congreso, lo que ocurrirá, según se comprometió el ministro Máximo Pacheco, a fin de año.

Ya se está trabajando en el diseño de la iniciativa, que tiene por objetivo, como reconoció el propio ministro Pacheco, permitir que las empresas se asocien de manera transparente con las comunidades, viabilizando así la construcción de centrales de generación.

A ello se suma una propuesta radical: igualar o al menos acercar las tarifas eléctricas que se pagan en Santiago versus las comunas en las que están instaladas las centrales de generación, como Tocopilla, Alto Biobío y otras.

Sobre el proyecto de ley de asociatividad, el ministro Pacheco planteó que lo que se tiene en mente es instalar la idea del valor compartido.

“Lo que está sucediendo cada vez más, es que los lugares en que se localizan o se quiere localizar estos proyectos se hacen la legítima pregunta de ‘cómo me beneficio yo con este proyecto’. Por ello, la respuesta que estamos dando es que vamos a presentar un proyecto de ley de asociatividad antes de fin de este año. Queremos que los proyectos de energía se asocien a las comunidades que los acojan, para que los proyectos den un beneficio permanente que efectivamente representen bienestar, progreso y oportunidades de movilidad social a las comunidades”, señaló el titular de Energía frente a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Otro de los objetivos de la ley será avanzar en el pago de patentes en las zonas en las que se emplazan las centrales de generación eléctrica, a diferencia de lo que ocurre hoy en que las patentes se pagan donde se ubican las casas matrices.

“Queremos enfrentar en esa ley dos temas que son irritantes para las comunidades: primero, que las compañías de energía tienen a lo largo de todo el territorio emplazadas sus centrales eléctricas, pero pagan su patente comercial en Santiago”, señaló.

En segundo lugar, dijo que si se toma un consumo de un hogar promedio, de unos 150 KWh mes, esa cuenta tiene un valor de $14 mil al mes en Santiago. “Esa misma cuenta por 150 KWh mes, usted pregunta cuánto paga un hogar en Tocopilla, Mejillones, Santa Bárbara, San Clemente, Coronel o cualquiera de las comunas en las que se produce energía, sube a $28 mil”, agregó.

El secretario de Estado precisó que ha realizado más de 28 visitas a comunas y regiones de distintas partes de país y el tema es siempre el mismo. “¿Por qué nosotros tenemos en este lugar una generadora que es para darle luz a las señoras y señoritas que visitan los malls en Santiago para que las vitrinas estén iluminadas? Entonces, aquí queremos enfrentar ese tema a través de la ley de asociatividad”, añadió la autoridad.

Aunque el proyecto está siendo liderado por Energía, en su elaboración están participando otros estamentos como los ministerios del Interior y de Hacienda, además de la comisión de Descentralización y Desarrollo Regional, que preside Esteban Valenzuela. A ello se suman reuniones entre el ministro Pacheco con la presidenta Bachelet, la última de ellas el pasado 2 de septiembre.

Los caminos

Tres son las alternativas que está estudiando el Ejecutivo para financiar, de parte de las empresas, los aportes para las comunidades en las cuales se emplacen centrales de generación eléctrica. Ellas son: utilizar como indicador un porcentaje de las utilidades, una parte de las ventas netas, o un royalty por megawatt de capacidad instalada o gigawatt hora de energía generada.

“Estamos pensando, junto con la ley de Rentas Municipales, obligar a las empresas a que paguen la patente en donde está su instalación, ecualizar la tarifa y además fijar algún indicador de asociación entre la comunidad que acoja esta central eléctrica y la localidad, la comuna y la región, para que no sea solamente un beneficio que llegue a la localidad misma, sino que también llegue a la comuna y a la región. Tenemos que buscar también el vehículo para hacer esto; tenemos que buscar una fórmula mediante una corporación, una fundación, la municipalidad”, añadió Pacheco.

El ministro expresó que la discusión, que lidera la jefa de la división de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía, Annie Dufey, se realizará en mesas instaladas en distintas regiones del país, además de reuniones en Santiago con empresarios, organizaciones no gubernamentales (ONG), académicos, ministerios y otras agencias del Estado.

Además, Pacheco señaló porqué se decidió hablar de una ley de asociatividad, desechando el concepto de compensaciones, que era el que se venía trabajando.

En diversas ocasiones, la industria de generación eléctrica ha planteado la urgencia de establecer por ley un mecanismo de compensación a las comunidades aledañas a los proyectos de inversión.

¿Ley Tokman?

En 2009, el ex ministro de Energía, Marcelo Tokman, planteó la primera propuesta de este tipo, que estipulaba el pago de un impuesto específico (270 Unidades Tributarias Mensuales, UTM) de beneficio comunal por cada megawatt instalado, el cual luego sería devuelto a las empresas como un crédito tributario, con lo cual la inversión no se encarecía.

Este proyecto ingresó al Congreso, firmado por Michelle Bachelet (en su anterior mandato) y aún permanece “en tramitación”, según consta en los registros de la corporación.

No obstante, el ministro Pacheco se desmarca de esta iniciativa y dijo que “esto no va a ser la ley Tokman”, aludiendo al proyecto del ex ministro, hoy a la cabeza de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

“La ley Tokman tenía como idea principal que aquí había un daño que había que compensar. Lo que estamos diciendo hoy día, en un país que no es el mismo que hace cinco años atrás, es que aquí hay un beneficio que compartir. Este es el concepto del valor compartido. Nosotros traemos una idea que aquí hay un proyecto que puede y debe representar una oportunidad de bienestar, progreso y movilidad social para la comunidad que lo acoja, por tanto, no venimos a compensar ningún daño. El daño está en la ley de Medio Ambiente y está tratado en ese riel”, complementó. “Esto otro es asociatividad, justamente porque queremos asociarlo al concepto de beneficio de este proyecto”, remató Pacheco.

Fuente: Diario Pulso